
El Estado Mexicano, espió a integrantes de la sociedad civil y periodistas de enero de 2015 a julio de 2016, con un malware llamado Pegasus, que es vendido a gobiernos para perseguir a criminales.
Lo anterior, lo comprobó una investigación de Artículo 19, R3D y Social Tic con asistencia del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá.
Las ataques fueron dirigidas hacia integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Aristegui Noticias, Instituto Mexicano para la Competitividad, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el periodista Carlos Loret de Mola, además de Emilio Aristegui, el hijo de la directora editorial Carmen Aristegui.
La investigación dicta que los ataques sucedieron cuando los blancos cuestionan las políticas del actual gobierno federal, como la difusión del reportaje de la Casa Blanca de Peña Nieto, la investigación independiente del caso Ayotzinapa, la actuación de la Policía Federal en Tanhuato y el debate de las leyes anticorrupción.
Las personas recibieron mensajes de texto en sus celulares con amenazas o trampas diseñadas para visitar ligas de internet que automáticamente descargan e instalan el virus.
El teléfono da acceso a los espías a todos sus contenidos y funciones, para seguir al objetivo en todo momento.
Mensajes, fotos, contactos, agendas y aplicaciones se transfieren en tiempo real mediante internet.
Por otro lado, The New York Times, documentó que cada infección exitosa cuesta alrededor de 77 mil dólares.
El reporte documenta cinco ataques contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, justo cuando documentaba violaciones graves en los casos Ayotzinapa y Tlaltaya.
Entre los periodistas atacados se encuentran Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; los periodistas Rafael Cabrera y Salvador Barragán. Además, se identificaron como blancos a Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre, de la Organización No Gubernamental (ONG) Centro Miguel Agustín Pro Juárez; Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).










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